Se trata de un ambicioso trabajo de carácter multidisciplinar, que se articula en torno a cuatro grandes áreas de trabajo:

Una primera componente, legal-institucional, que consiste en el desarrollo del anteproyecto de ley, en materia de ordenamiento del desarrollo territorial, donde se modifica la legislación sumarial afectada por estos cambios. Regionalización del territorio, de cara a la planificación especial.

Una segunda componente, consistente en la elaboración del sistema de información, que se entiende como sistema territorial de referencia para las decisiones de inversión que puedan afectar al territorio y sus habitantes.

La tercera componente es el plan propiamente dicho, de donde se derivan, un plan de protección del medio físico, una estrategia sobre biodiversidad y un plan de prevención y gestión de riesgos ambientales. Una última componente, donde se recogen medidas complementarias, sobre la integración y mejora social, y sobre su posible desarrollo sostenible.